La Comunidad de Madrid se ve obligada a frenar la LESUC tras meses de movilización y rechazo sostenido en los campus. UGT Servicios Públicos de Madrid subraya que esta rectificación es el resultado directo de la presión social organizada y constante y exige, ahora, financiación suficiente y diálogo real para garantizar el futuro de la universidad pública madrileña.
UGT Servicios Públicos de Madrid valora la paralización de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) como una victoria inequívoca de la movilización sostenida de las trabajadoras y trabajadores, los estudiantes universitarios, la comunidad universitaria y la sociedad madrileña en general. La decisión anunciada por el Gobierno regional de paralizar el anteproyecto de ley demuestra que cuando la sociedad se organiza, resiste y mantiene la presión en el tiempo, se puede frenar cualquier intento de imponer reformas sin consenso.
Durante meses, estudiantes, personal docente e investigador (PDI), personal de la administración y gestión (PTGAS), plataformas y organizaciones sindicales comprometidas con la universidad pública, hemos advertido de que la LESUC nacía con un problema de origen: la falta de diálogo real, la ausencia de negociación y una orientación que generaba incertidumbre y desconfianza en el sistema universitario público madrileño. Esta decisión del Gobierno regional no se realiza por convicción y esconde el miedo al coste que podría tener durante los próximos meses.
UGT Servicios Públicos de Madrid recalca que el freno a la LESUC no puede convertirse en una simple operación de maquillaje político. La Comunidad de Madrid debe extraer una lección clara y es que no se legisla contra la comunidad universitaria. Cualquier intento de reactivar una norma de este calado, con otro nombre o en otro formato, deberá partir de tres principios irrenunciables:
- Diálogo social y negociación con las organizaciones sindicales del contenido que regule las condiciones laborales.
- Respeto a la autonomía universitaria y al funcionamiento democrático de las instituciones públicas.
- Financiación suficiente, justa y estable para garantizar docencia, investigación, plantillas y servicios públicos de calidad.
Si la prioridad ahora es la financiación, la Comunidad de Madrid debe demostrarlo con hechos, con menos propaganda y más presupuesto, con menos imposición y más acuerdos. La universidad pública no necesita amenazas normativas, necesita recursos y estabilidad.
UGT Servicios Públicos de Madrid reafirma su compromiso de seguir defendiendo una universidad pública madrileña fuerte, bien financiada y con derechos laborales, y advierte de que la movilización y la vigilancia continuarán para evitar que se retomen, por otra vía, políticas que perjudiquen a las universidades públicas y a quienes trabajan y estudian en