El análisis jurídico de la nueva Orden de servicios mínimos y de dos instrucciones de la Viceconsejería muestra indicios de vulneración de derechos fundamentales. UGT acudirá a los tribunales en defensa del profesorado, de la democracia y de la Constitución.
El análisis jurídico de la nueva Orden de servicios mínimos y de dos instrucciones de la Viceconsejería muestra indicios de vulneración de derechos fundamentales. UGT acudirá a los tribunales en defensa del profesorado, de la democracia y de la Constitución.
UGT Servicios Públicos Madrid sale en defensa del profesorado madrileño y de todas las categorías profesionales de la educación pública. Ayer, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha publicado la Orden 4977/2026, que endurece los servicios mínimos de la huelga indefinida iniciada el 14 de octubre, y dos instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa sobre «neutralidad» y sobre «refuerzo y continuidad de los aprendizajes». El análisis del servicio jurídico aprecia indicios de vulneración de derechos fundamentales y UGT los llevará ante los tribunales.
Quienes sostienen la escuela pública
Durante un mes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha insultado a quienes sostienen la escuela pública cada día. Lo hacen en unas condiciones pésimas y, aun así, su esfuerzo y su dedicación hacen que la parte del sistema público que depende de su trabajo brille y reluzca. UGT quiere dejarlo claro: el profesorado madrileño no está solo, y todas las actuaciones del sindicato tienen un único fin, defenderlo.
Desde el primer momento, el Gobierno regional ha tildado la huelga de política, la ha atribuido a los sindicatos «de izquierda» y ha llegado a hablar de «terror sindical y comunismo». La realidad es otra: han sido las elecciones generales las que han irrumpido en el conflicto, no al revés.
La huelga la secundan docentes de todas las ideologías y la apoyan organizaciones sindicales de muy distinto signo, incluso las familias. Lo que les une no es un partido, sino la defensa de la escuela pública.
Una Consejería desesperada
La Consejería actúa de manera desesperada. Primero dijo que la huelga era un fracaso. Ahora reconoce con los hechos que es un éxito: la propia Orden cifra en más de 413.000 las horas lectivas afectadas. Y su respuesta es pretender dejar vacío un derecho fundamental.
- Servicios mínimos que imponen clases normales. El profesorado de 2º de Bachillerato que imparte materias de la PAU deberá dar clase «con normalidad» durante el 50 % de sus horas en esas materias, el 75 % desde febrero y el 90 % desde mayo. Eso no es un servicio mínimo: es el funcionamiento ordinario del servicio. La Orden se presentó al comité de huelga ya cerrada, sin negociación.
- Una «neutralidad» que limita la libertad sindical y de expresión. Las instrucciones prohíben informar de la huelga en fachadas y vallas de los centros y abren un sistema de comunicación de incidencias a la Inspección Educativa, con advertencias disciplinarias.
- Docentes expuestos ante las familias. Las instrucciones de refuerzo ordenan informar a las familias de las sesiones no impartidas por grupo y materia. En la mayoría de los casos, ese dato señala a un docente concreto.
Etiquetar de comunista a quien ejerce un derecho constitucional y, al mismo tiempo, abrir en los centros un canal para comunicar a la Inspección la conducta del profesorado nos recuerda uno de los episodios más bochornosos de la historia.
Un gobierno que se ha quedado solo
El problema para el Gobierno regional es que se ha quedado solo. Docentes, familias y la sociedad en general apoyan un modelo de educación pública con medios suficientes para que el alumnado aprenda en condiciones óptimas. Las familias quieren poder elegir un centro público cerca de casa. El profesorado quiere poder dedicar a cada estudiante el tiempo que necesita.
Lo que está en juego es la democracia
Lo que está en juego es el propio sistema democrático desde sus bases. Está en juego el derecho a una educación pública de calidad para todas las personas. Está en juego el derecho a reclamar los propios derechos cuando se ven cercenados. Y está en juego que cada miembro de la sociedad, desde su edad más temprana, sepa que la injusticia se puede combatir, que la Constitución ofrece herramientas para hacerlo y que, ante un camino aparentemente cerrado, hay alternativas basadas en la libertad de opinión, de creencias y de ideas.
La escuela pública es la que permite desarrollar el pensamiento crítico: aprender a cuestionarlo todo y a entender que todo tiene distintos puntos de vista, porque eso es la convivencia. Justo lo que no tienen ni la presidenta de la Comunidad de Madrid ni la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, que solo piensan en tres cosas: favorecer intereses ajenos al conjunto de la sociedad, evitar que nadie cuestione la realidad que vive y descalificar todo aquello que las deja en evidencia.
En defensa del profesorado y de la Constitución
El servicio jurídico de UGT Servicios Públicos Madrid ha valorado la situación, y ante el criterio de la existencia de vía para el recurso, recurrirá ante los tribunales para frenar este intento de vaciar el derecho de huelga. Lo hará en defensa del profesorado madrileño y de todas las categorías profesionales de la educación, y en defensa de la democracia y de la Constitución.

