La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) vuelve a saltarse todos los límites de la legalidad, del sentido común y de la mínima decencia institucional. Esta vez, lo hace recurriendo a una de sus empresas “colaboradoras de confianza”, GAUZON (con contratos desde 2022 por 9.208.000 €), para contratar de forma opaca y arbitraria a seis marineros privados con el fin de mover la embarcación FULMAR, actualmente atracada en Las Palmas de Gran Canaria. ¿El detalle escandaloso? Todo esto ocurre mientras el personal funcionario marítimo de Vigilancia Aduanera permanece desembarcado, sin ser requerido para dicha operación.
Esta externalización encubierta y completamente injustificable representa un nuevo golpe a la función pública, al principio de reserva de funciones en materia de vigilancia aduanera y al uso racional y transparente de los fondos públicos. Se trata, simple y llanamente, de una privatización a medida, cuya ejecución favorece de forma reiterada a determinadas empresas contratistas vinculadas habitualmente a la DAVA, generando una preocupante apariencia de connivencia institucional y de funcionamiento opaco, más próximo a una estructura paralela de gestión que a los principios de legalidad, transparencia y control que deben regir en todo organismo público.
UGT AEAT denuncia con rotundidad esta práctica, que sólo puede calificarse de desleal, opaca y posiblemente ilícita. Lejos de reforzar la operatividad del Servicio de Vigilancia Aduanera, la DAVA debilita la capacidad real de intervención de sus propios efectivos, menospreciando su profesionalidad y sustituyéndolos por personal contratado a dedo a través de empresas privadas, sin control sindical ni garantías de transparencia.
¿A cuánto asciende el contrato de 6 marineros adjudicado a GAUZON? ¿Qué criterio se ha seguido para apartar al personal propio? ¿Qué responsabilidades públicas se están delegando ilícitamente en manos privadas? Estas son solo algunas de las preguntas a las que la DAVA deberá responder.
UGT advierte: la vigilancia aduanera no es un negocio. Es una función pública de primer orden, estratégica para la seguridad y la lucha contra el fraude. Quien la subcontrata para beneficiar a terceros incurre en una grave irresponsabilidad política y posiblemente en una conducta prevaricadora.
Exigimos:
- La revocación inmediata de cualquier encargo a empresas privadas que suplanten funciones propias del personal de Vigilancia Aduanera.
- La depuración de responsabilidades dentro de la DAVA por esta actuación intolerable.
- La fiscalización urgente por parte de los órganos de control presupuestario y disciplinario.
- Y, en su caso, la remisión a la Fiscalía de toda la documentación pertinente por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
UGT AEAT no va a permitir que se desmantele la función pública por la vía del contrato menor ni que el dinero de todos se utilice para enriquecer a unos pocos. La legalidad no es opcional. Y la Para más información