Actividades programadas
Miércoles 26 de noviembre de 2025
- 14:00h. Comida en la plaza Pedro Zerolo.
- 15:30h. Concentración en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades (C/ Alcalá 32).
Jueves 27 de noviembre de 2025
- 14:00h. Comida en la plaza de Juan Goytisolo.
- 18:00h. Manifestación: Atocha – Jacinto Benavente – Sol.
En defensa de las condiciones laborales y de una financiación justa y suficiente
UGT Servicios Públicos de Madrid, como convocante de la huelga en defensa de las universidades públicas madrileñas y de las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores, vemos importante aportar el siguiente análisis técnico de los motivos que han llevado a la comunidad universitaria a movilizarse al completo. Durante los últimos días hemos visto cómo se han activado distintos mecanismos que pretenden restar fuerza de apoyo a la huelga del próximo 26 y 27 de noviembre.
Las condiciones que se llevan fabricando desde los presupuestos generales autonómicos durante los últimos quince años y el desarrollo del sistema universitario madrileño que se establecerá, si sale adelante, en la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (LESUC), supone el fin de la universidad como servicio público puesto a disposición del conjunto de la sociedad. El desarrollo de estos dos elementos combinados traerá recortes a las personas trabajadoras de los campus públicos: en las retribuciones y en los derechos laborales. Recortes, decimos, en un momento de expansión económica estatal y regional, lo que hace que no tenga sentido que se hable de meter la tijera en estos momentos. Ante el relato político solo podemos aportar datos.
Subida histórica insuficiente para la supervivencia de las universidades públicas madrileñas
En 2025, la Comunidad de Madrid destinó 1.161 millones de euros a las universidades públicas. Esta cantidad representa solo el 0,367 % del PIB de la Comunidad de Madrid. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) marca un objetivo del 1 %. Añadamos que, durante los últimos años, las transferencias realizadas en favor de las comunidades autónomas se han visto aumentadas en un 50 %. Sin embargo, la universidad pública madrileña solo ha registrado un incremento de su presupuesto de un 0,4 % de las cuentas regionales.
El gasto medio por estudiante fue de 5.362 €, hecho que sitúa a los universitarios madrileños como aquellos que más tienen que pagar para estudiar un grado público. En contraste, vemos los 9.000 € por estudiante del País Vasco o los 8.500 € que invierte Navarra. El matiz es importante: mientras que en otras regiones de España se considera la educación una inversión, en la Comunidad de Madrid se habla de un gasto que requiere un esfuerzo importante. La URJC, con apenas 2.100 € por estudiante, se sitúa a la cola de España.
Para 2026 se anuncia un incremento de hasta 1.239 millones de euros, un 6,5 % nominal. Pero si aplicamos el IPC (2,64 %), la subida real es inferior al 4 %. ¿Revolución financiera? Más bien un parche, ya que seguimos sin recuperar el nivel real de financiación de 2009, según datos del Informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2025” de la Fundación CYD.
Sin embargo, el discurso que se ha instaurado en las dependencias gubernamentales de la región es que el problema de la infrafinanciación de la universidad pública madrileña se encuentra en la gestión que se ha hecho del Capítulo 1 de las cuentas de cada universidad, es decir, en los sueldos, condiciones laborales y compromisos adquiridos por las universidades con sus trabajadores, fruto de la negociación colectiva.
¿Negociar una financiación justa?
Recordamos que los créditos que la Comunidad de Madrid está dispuesta a ofrecer para “solucionar” el problema que la propia Comunidad ha creado no son gratis: llevarán consigo recortes. Y hablando de recortes, ¿es comprensible que en una época donde se presume que España es motor de Europa y Madrid motor de España se produzcan recortes en la universidad pública madrileña?
Estos recortes afectarán al capítulo 1, foco del problema para el gobierno regional, en una maniobra de eludir su responsabilidad en la crisis universitaria. La mala gestión realizada por el gobierno regional tendrá que soportarla las trabajadoras y trabajadores de las universidades madrileñas si la situación continúa como hasta ahora.
Salarios: aclarando mitos
El PDI madrileño es el peor pagado de toda España. La situación de infrafinanciación que padecen las universidades ha sido un obstáculo en la negociación de las retribuciones durante la adaptación del convenio colectivo a la LOSU, dejando en evidencia que el precio por hora de algunas figuras es inferior al de algunas profesiones que no requieren una formación o cualificación específica.
En contra de lo que se viene afirmando, las retribuciones del personal universitario se fijan en las comunidades autónomas mediante negociación colectiva con las universidades. Solo una parte del salario del personal funcionario se determina en normas estatales. En estos momentos se negocian las subidas salariales anuales, pero el problema de base radica en las tablas salariales, obsoletas y fuera del contexto de la Comunidad de Madrid, donde el coste de la vida es de los más elevados de España.
Privadas al alza y falta de oferta pública: ¿modelo de futuro?
Durante este año 2025, la Comunidad de Madrid agradece a las universidades privadas que puedan dar el servicio educativo que no pueden dar las públicas y que sitúa en un 30 %. Esto significa que 30 de cada 100 estudiantes que deciden estudiar en la universidad están obligados a dirigirse a un campus privado por falta de plazas públicas.
Los movimientos que se han visto en los últimos 20 años han ahondado en un, cada vez más visible, cambio del modelo del sistema universitario madrileño: Se ha pasado de contar con 6 universidades públicas y 6 privadas en 2002 a tener 14 universidades privadas y ninguna pública nueva en 2025.
En estas circunstancias, los estudiantes dejan de ser una apuesta de futuro para ser un bien de mercado, pues empobrecer el sistema público no beneficia al conjunto de la sociedad. Madrid necesita un sistema universitario fuerte que dé respuesta, tanto en lo público como en lo privado, a las funciones de la universidad: docencia, investigación, transferencia del conocimiento y fomento de la cultura.
LESUC: sin consenso con la comunidad universitaria
Las palabras son importantes y una ley de la envergadura de la LESUC requiere de una negociación y no de un simple diálogo en el que la Administración pueda obviar las preocupaciones que se le transmiten, como así está siendo. Para que sea posible afirmar que la LESUC es un proyecto de Ley consensuado, es imprescindible que se produzca una negociación con la representación de la comunidad universitaria. El único consenso que existe en la actualidad es que no es la Ley que quiere la universidad pública.
La forma de proceder ha sido opaca y sin negociación. No existe un borrador oficial público y la única información que podemos considerar válida son las intervenciones que se han producido en distintos “cafés informativos”, todos realizados en el ámbito del sector empresarial o, incluso, en Miami y documentos, supuestamente, filtrados.
La huelga: por los alumnos, por la universidad pública
Esta huelga no es contra el alumnado, es por ellos y por toda la comunidad universitaria y por las ciudadanas y ciudadanos de Madrid. El Consejo de Estudiantes de la URJC, del mismo modo que en otras universidades, ha declarado un paro académico en apoyo a la movilización, porque si no defendemos la universidad pública hoy, mañana solo quedará el crédito bancario como vía de educación.
Madrid no puede seguir siendo la comunidad autónoma que peor financia a las universidades públicas, mientras legitima un cambio de modelo de su sistema universitario hacia el negocio de la educación. Tampoco puede ser que una de las regiones con el coste de vida más elevado ocupe los últimos puestos en los salarios a sus trabajadores y trabajadoras. Por todos estos motivos, el 26 y 27 de noviembre, defenderemos nuestro sueldo, defenderemos nuestros derechos y defenderemos la universidad pública.