El aumento de 10.000 plazas de FP, anunciadas por la Consejería para el próximo curso, siguen siendo insuficientes para la demanda de unas enseñanzas que se han convertido en un nicho de negocio para las empresas privadas, que se financian gracias a los impuestos de toda la ciudadanía madrileña a través de los cheques escolares y que no garantizan la igualdad de oportunidades, ya que quienes no puedan complementar los costes que dichas empresas imponen no podrán acceder a dichos centros.

Desde que en el 2014/15 se pusieron en marcha los “cheques de FP”, a los que se ha unido la financiación europea a través de las becas de Segunda Oportunidad, las empresas privadas no han dejado de crecer en estas enseñanzas y, muy especialmente, en la modalidad a distancia. Como se puede comprobar en la siguiente tabla.

Los datos con los que se ha elaborado esta tabla han sido extraídos del Informe del Consejo Escolar de Madrid 2015 y de la página web de la Consejería de Educación: “Buscador de Centros Educativos”.

Esta política de privatización y conversión de lo que es un derecho constitucional en un negocio que camina en contra de la igualdad de oportunidad y de las políticas educativas de la Unión Europea, de la que formamos parte. Cabría señalar que los grados superiores en centros privados sin concierto educativo suponen hoy en día el 62,5 % de este tipo de enseñanzas en Madrid.

El Objetivo 4.3. de la Agenda 2030 establece el acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, profesional y superior de calidad y el Objetivo 4.4. pretende aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en particular, técnicas y profesionales para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento, cuestiones todas ellas que tienen que ver con la creación de plazas públicas de Formación Profesional. La ya endémica falta de plazas públicas de Formación Profesional que, curso tras curso, deja miles de alumnos y alumnas sin posibilidad de formación, aumenta las cifras de abandono escolar temprano y nos aleja del cumplimiento de la Agenda 2030.

El caso de las enseñanzas a distancia es aún más dramático, puesto que se ha dejado en manos, casi exclusivas, de las empresas privadas. Solo 12 centros públicos imparten estas enseñanzas en Madrid, cuya Consejería está reduciendo el número concentrando en un solo centro la oferta de plazas de cada ciclo formativo y desviando a los sectores más necesitados de este tipo de enseñanza a los centros privados, siempre que puedan costeárselos: amas de casa que quieren formarse y volver al mundo laboral, personas con discapacidad física que tienen dificultades para realizar una enseñanza presencial, personal trabajador que quiere mejorar su formación pero cuyo tiempo es limitado o alumnado de zonas rurales que no tienen este tipo de enseñanza en sus zonas cercanas.

Para mejorar el acceso a estos centros privados a distancia, la Consejería de Educación ha decidido ampliar los cheques de FP para centros privados para el próximo curso a las enseñanzas a distancia, como venía demandando la patronal de estos centros desde hace años en el Consejo Escolar, donde siempre salió rechazada y en los despachos de la Administración, donde ha sido admitida. Ahora ya pueden proceder, como han hecho con las enseñanzas presenciales, a subir los precios de dichas enseñanzas privadas.

UGT considera que la actitud de la Consejería de Educación y de nuestro recién nombrado Vicepresidente de la Comunidad es una indecencia y deja a los más desfavorecidos en una situación de indefensión y maltrato frente a su derecho a una formación profesional pública y gratuita, alejándonos del cumplimiento de los Acuerdos Europeos y de la financiación que a través y por ellos recibimos. En Madrid no se respeta el principio de igualdad de oportunidades.