Desde UGT reafirmamos nuestro compromiso con una universidad pública al servicio del conjunto de la sociedad madrileña, que garantice el acceso en condiciones de equidad y calidad a todos los estudiantes, con independencia de su origen o situación económica. Defendemos un modelo de universidad pública sólida, inclusiva y bien financiada, que ofrezca oportunidades reales a las nuevas generaciones y no obligue a las familias a recurrir a la educación privada por falta de plazas o recursos en el sistema público.
Frente a esta visión, el Gobierno regional del Partido Popular, con la presidenta Ayuso a la cabeza, propone en su futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) un modelo que desdibuja lo público, potencia el papel del mercado y abre la puerta a nuevas formas de privatización y desigualdad educativa.
Ayuso defiende un sistema “sin complejos”, donde la colaboración público-privada se plantea sin garantías suficientes de equidad, donde se promueve una gobernanza universitaria más politizada otorgando mayor poder a los consejos sociales designados por la Asamblea de Madrid, y donde la financiación pública se limita al 70 %, desplazando a las universidades la obligación de cubrir el resto de los gastos con sus propios recursos, como si fueran empresas.
Además, su intervención deja claro que esta ley se enmarca en una lógica de confrontación ideológica con el Gobierno central y de defensa del “modelo Ayuso”, basado en el debilitamiento de lo público y en una supuesta libertad de elección que, en la práctica, esconde un traspaso de responsabilidades hacia las familias y las universidades.
Desde UGT denunciamos que:
- La LESUC se ha planteado sin una participación real y efectiva de la comunidad universitaria.
- No garantiza una financiación pública suficiente, estable ni justa para las universidades públicas madrileñas. Legitimará la infrafinanciación que vienen soportando desde hace más de quince años y que ha dado como resultado su derrumbe.
- Favorece la entrada de lógicas de mercado y no impide la subordinación de lo académico a intereses privados.
- No responde a los grandes retos de la universidad pública: superar la precariedad laboral y la brecha digital, así como la internacionalización con equidad o la necesidad de reforzar la investigación pública.
El futuro de la universidad madrileña no puede construirse desde una visión mercantilizada ni excluyente. Es hora de apostar de verdad por una universidad pública:
- Con financiación suficiente y estable, que permita cumplir con sus funciones sociales, docentes y científicas.
- Con participación real de la comunidad universitaria en su gobierno y planificación.
- Con empleo digno para su personal y sin precariedad estructural.
- Con acceso garantizado para todo el estudiantado, sin barreras económicas ni sociales.
La universidad pública no se gestiona como una empresa ni se supedita a intereses de mercado. Se defiende, se cuida y se refuerza.
UGT seguirá movilizándose, junto a estudiantes, PDI, PTGAS y la ciudadanía para frenar este modelo y construir otro basado en el interés general y el derecho a la educación superior para todas y todos.