Desde UGT Enseñanza Pública Madrid ponemos de manifiesto la infradotación de recursos reales para la prevención del acoso escolar y la prevención de suicidio y autolesiones, así como el contexto real en que se encuentran los docentes en los centros educativos respecto al acoso escolar.
De acuerdo con los Informes anuales sobre convivencia y acoso escolar publicados por la Consejería de Educación en los cursos 2020-2024, se refleja que en 3 años se han triplicado: tanto el número de protocolos abiertos, como el número de casos confirmados de acoso escolar y el número de casos abiertos de oficio a instancia del centro.
Otros datos alarmantes son el creciente número de casos de autolesiones e intentos de suicidio entre el alumnado en los centros educativos, llegando incluso a encontrarse decenas de casos y protocolos abiertos en cada centro.
Reclamamos la necesidad urgente de dotación de personal para que las actuaciones no se limiten a trabajo invertido en papel mojado. Se necesitan más orientadores/as, profesorado de servicios a la comunidad (PSC), profesionales de apoyo educativo (PAE), tales como técnicos de integración social, técnicos 3, DUE… y la ampliación de cupos de docentes que permitan mejorar la convivencia, así como a la asunción de la Coordinación de Bienestar por un PSC.
Lo delicado, extenso, exhaustivo y riguroso de los protocolos tanto de acoso escolar como de autolesiones e intento de suicidio, hace que reclamemos que sea realizado por personal especializado. Hoy, el personal docente designado como instructor debe asumir tareas propias de investigador, jurista y psicólogo, sin formación ni más ayuda que una breve guía, además genera una saturación de sus funciones laborales puesto que no hay liberación de tareas lectivas o de no lectivas en el centro.
En el último Acuerdo de la Mesa Sectorial del personal docente no universitario firmado el 4 de abril de 2025, se acordó en el punto Sexto una reducción de la burocracia que incluye la negociación de un plan de simplificación. UGT Enseñanza Pública Madrid ya ha analizado la problemática y propuesto las medidas, estando a la espera del avance hacia una puesta en práctica con la inmediatez prometida en el acuerdo.
La inversión por estudiante en la Comunidad de Madrid es de 5.400 € (2025), mientras que la media nacional se sitúa en los 6.500 €. Esto ocurre pese a ser la Comunidad más rica de España con bastante diferencia (su PIB per cápita es un 28 % superior a la media nacional, 2024).
Ante la opinión pública llega la imagen de que la responsabilidad de estas situaciones es enteramente de docentes y equipos directivos, obviando la dramática situación que se vive en el día a día en los centros educativos, carentes de la inversión, recursos y apoyo necesarios.
La Comunidad de Madrid no puede permitir el sufrimiento de nuestros menores, debe evitar estas situaciones y velar por el cuidado de su salud y bienestar. Igualmente, esta Comunidad debe asegurar la salud mental y emocional de sus docentes, así como protegerlos de los riesgos psico laborales, sin exprimir su vocación educadora.
Desde UGT Enseñanza Pública Madrid denunciamos la infradotación de recursos reales para la prevención del acoso escolar, suicidio y autolesiones en menores.