La reciente publicación en el BOCM de la cesión de dos parcelas públicas para la construcción de centros concertados en Madrid Capital es, a juicio de UGT, un despropósito que ahonda en las desigualdades entre ciudadanos y ciudadanas y ataca a la escuela pública madrileña que, en las etapas obligatorias, es fundamentalmente privada, como ya demostramos en un Estudio que realizamos en julio de 2020.

Para consultar el Estudio, pinchar en el siguiente enlace

La falsa libertad de elección de centro es un disfraz para aumentar la oferta privada y concertada en nuestra Comunidad, que ya es mayoritariamente privada, con lo que a la ciudadanía madrileña se nos impone un recorte más de nuestra renta familiar, la que tenemos que destinar a costear una plaza privada con o sin concierto.

En primer lugar hay que manifestar las dificultades de hacer una comparativa entre dos redes de centros educativos que cuentan con diferente estructura, ya que los públicos separan las enseñanzas de Infantil y Primaria de las de Secundaria, mientras los concertados, casi en su totalidad, ofrecen ambas enseñanzas en un solo centro. Ello multiplica el número de centros públicos y disminuye el de concertados. Pero si tomásemos como elemento de comparación el número de Institutos de Secundaria, al que se encuentran adscritos todos los centros de Infantil y Primaria, la comparativa sería clara: la Comunidad de Madrid cuenta con 362 centros públicos y la concertada con 434.

Más allá de este dato y ciñéndonos al caso de Madrid Capital, municipio en el que se ha producido la cesión de terrenos para la construcción de los dos nuevos centros concertados, si nos detenemos en el número de aulas (grupos o unidades), la situación adquiere una dimensión terrible ya que en Educación Infantil y Primaria el 43% de los grupos son públicos frente al 57% concertados y en ESO el 36,8%  son públicos frente al 63,2% concertados, y todo ello sin tener en cuenta los centros privados sin concierto. Según estos datos ¿considera la Presidenta que es necesario aumentar el número de centros concertados en la capital para garantizar la libertad de elección de las familias? La respuesta es obvia: tanto Enseñanza como Sanidad, se están sustrayendo del sector público para hacer negocio con los servicios básicos que la ciudadanía no tendrá más remedio que costear. ¿Para eso quiere reducir impuestos el gobierno regional?

Para llevar a cabo estas cesiones, ya son casi 100 parcelas las que se han cedido en Madrid, desde que se produjo, en 1999, la del Colegio Internacional Newmann. La Comunidad y el Ayuntamiento de la capital han recurrido a un subterfugio legal consistente en la doble cesión. Dado que la LOMLOE impedía la cesión de suelo de los ayuntamientos para construcción de centros concertados, el Ayuntamiento de Madrid ha cedido el suelo a la Comunidad, que no tiene expresamente prohibida dicha cesión. De esta manera, las propiedades, el suelo y el presupuesto público va reduciéndose a favor de lo privado. Lo que es de todos y todas se convierte en solo de uno o unos, según el titular o cooperativa a quien se adjudiquen dichas cesiones, lo que demuestra la táctica que se esconde detrás de dicha libertad de elección.

UGT, como promotora de la escuela pública en España, defiende el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la misma y denuncia la política madrileña de su transformación por una escuela concertada que no garantiza la igualdad ni por una privada que se subvenciona con dinero público.

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