El sindicato se muestra escéptico en cuanto a la ejecución de la inversión anunciada por la Comunidad de Madrid para la mejora de la climatización y accesibilidad de los centros educativos de la región.
Los 1.240 millones de euros anunciados hoy por la Presidenta de la Comunidad de Madrid contrastan con la inversión realizada en este capítulo desde el año 2019: 59 millones de euros. Una cantidad que a la vista de lo sucedido en los últimos años se ha comprobado que es insuficiente debido a los episodios de temperaturas extremas que se viven en las aulas de los centros públicos madrileños y que ponen en riesgo la salud del alumnado y el profesorado en las épocas del año con más calor.
El anuncio no cuenta con un calendario de actuaciones, ni consta, según la información disponible hasta la fecha, reflejado en las partidas presupuestarias vigentes, por lo que debemos asumir que es un compromiso a futuro que la propia Comunidad de Madrid podría no llegar a ejecutar, como ha ocurrido con otras comunicaciones en esta y otras materias educativas. Sin ir más lejos, el propio Plan de actuación ante episodios de altas temperaturas 2026, publicado en mayo por la Comunidad de Madrid, cifraba las actuaciones estructurales en los centros educativos en cantidades muy inferiores: 24 millones de euros para la rehabilitación integral de 8 institutos, 15 millones anuales para nueva construcción, y 2,6 más 7,5 más 8,1 millones de euros en actuaciones de aislamiento térmico entre 2018 y 2024, sin que en ningún momento se mencionara la cifra de 1.240 millones ahora anunciada.
Debemos recordar que, hace prácticamente un año, el 18 de septiembre de 2025, el pleno de la Asamblea de Madrid rechazó la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por UGT, CCOO, FAPA Giner de los Ríos y FRAVM y respaldada por 70.895 firmas ciudadanas, muy por encima del mínimo legal exigido, para la climatización de los centros educativos públicos.
UGT Servicios Públicos Madrid realizará el oportuno seguimiento a este anuncio sin relajar su actividad de vigilancia del cumplimiento de la normativa de salud laboral en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, recurriendo al organismo competente en cada caso para la subsanación de las incidencias que se detecten.