Ante las recientes declaraciones del día 26 de mayo del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y en el contexto del desarrollo de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que la Comunidad de Madrid quiere imponer a la ciudadanía madrileña, desde UGT reiteramos nuestra profunda preocupación por el futuro del sistema universitario público en la Comunidad.
Desde UGT denunciamos que la Comunidad de Madrid interpreta la Constitución según su conveniencia y bajo una perspectiva ideológica liberal, alejada de la protección y fomento de los servicios públicos que emanan del espíritu constitucional, poniendo en un serio riesgo la libertad de expresión y la autonomía universitaria. La ciudadanía madrileña merece una universidad pública de calidad, bien financiada y capaz de acometer los retos que le plantea la sociedad, un principio que UGT defiende como pilar del Estado del bienestar e instrumento de cohesión social.
La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), tal y como ha sido presentada, ahonda y profundiza en el deterioro del sistema universitario madrileño en favor de los intereses privados y se aleja del interés general. Este enfoque amenaza con legitimar un modelo basado en el interés del mercado, promoviendo la privatización de lo público y precarizando las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, así como la disminución de la calidad educativa.
Continuamos reclamando que se inicie un proceso negociador real, donde prime la transparencia informativa y no las “pinceladas” que apenas representan la punta del iceberg de las intenciones reales del gobierno autonómico: legitimar la política de desgaste de la univerisadad pública que se viene practicando desde hace más de quince años. Consideramos que el diálogo hasta ahora ha sido anecdótico y absolutamente insuficiente, con una alarmante opacidad que ha impedido la participación efectiva de la comunidad universitaria. Es inaceptable que se avance en una ley de tal envergadura sin facilitar la documentación completa ni establecer una metodología de negociación clara, especialmente cuando las universidades públicas han sido llevadas a una situación crítica por la infrafinanciación crónica que se viene soportando desde hace años y que está llevando a situaciones extremas como la que se vive en la Universidad Complutense de Madrid, a la que se ayudará (veremos en qué términos) desde el gobierno regional después de que la asfixiara hasta su situación actual.
Por ello, exigimos que se garanticen las libertades y garantías que establece la Constitución Española, que empiezan por el respeto a la comunidad universitaria y a quienes, como UGT, defendemos la universidad pública en nuestras acciones. Las movilizaciones que se han vivido durante el último año tienen como objetivo la defensa de un sistema universitario madrileño público, de calidad, democrático, sostenible en el tiempo y al servicio del interés general, y no deben ser descalificadas, como hace el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, ni silenciadas, como pretende la futura Ley que se quiere imponer.