Después de muchos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), impulsada por su equipo de gobierno, se tramitará de espaldas a la comunidad universitaria. En su intervención en la Universidad Rey Juan Carlos, señaló que se habría dialogado con los consejos sociales y con los rectores de las universidades, pese a que el malestar de estos últimos ha quedado reflejado en diversos comunicados de la CRUMA.
Desde UGT reiteramos la necesidad de que el gobierno regional habilite una mesa de negociación real, en la que se escuche a toda la comunidad universitaria: estudiantes, plataformas y asociaciones, así como representantes del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión, de administración y servicios.
Las universidades públicas madrileñas necesitan que cualquier nuevo sistema de financiación venga acompañado de unas dotaciones mínimas suficientes que les permitan cumplir su función social con los niveles de calidad y exigencia que demanda la ciudadanía. Su labor debe centrarse en la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte. Para que esto sea posible, no se puede condicionar su sostenibilidad a la captación de financiación externa que acabe subordinando el interés general a los intereses privados.
La universidad pública madrileña es, y debe seguir siendo, un espacio de diálogo, pensamiento crítico y debate, ampliamente reconocido por la sociedad. Sin embargo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su equipo de gobierno insisten en la falsa premisa de que es necesario limitar y regular derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión o de ideología.
Pretender controlar qué puede decirse, debatirse o manifestarse, o incluso lo que se puede pensar, constituye una práctica propia de regímenes autoritarios. Nuestra historia reciente nos obliga a recordar con responsabilidad lo que supuso en España la negación de libertades durante cuarenta años. La democracia es una victoria de la sociedad y las universidades son uno de sus máximos exponentes.
La Constitución Española reconoce y garantiza estos derechos fundamentales, cuya vigencia no puede verse restringida bajo pretextos ideológicos o de control político. Desde UGT rechazamos rotundamente cualquier intento de regulación que recorte las libertades individuales o menoscabe los derechos de la ciudadanía y de las universidades y estaremos siempre en el lado correcto: en el de las personas que con su esfuerzo diario construyen una sociedad más justa, equitativa y colaborativa.