Hace ya dos semanas, desde la sección de Menores y Familia de UGT Servicios Públicos Madrid, denunciábamos el plan urdido por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid para “reordenar” parte de la red de centros residenciales de protección de menores.

Esta “reordenación” surge de los compromisos políticos de la consejera y su ejecución corre a cargo de los responsables de la Dirección General de Infancia y la AMAS. Estas dos cabezas pensantes, responsables de los programas de atención a la infancia en riesgo y de la gestión de los centros y su personal respectivamente, han decidido:

• Afectar en total a siete residencias. Tres de ellas salen del casco urbano de Madrid para establecerse, entre la carretera N-2 y el aeropuerto en un caso (Casa de Campo), en el km. 13 de la carretera N-607 en los otros dos (ICE y Acacias). Dos de ellas ven aumentado el número de niños y niñas que venían atendiendo y modifican sustancialmente su trabajo (El valle y El rosa). Mientras que una de ellas directamente, desaparece, cerrando un recurso muy específico para bebés con dificultades (La casa de los niños).
• Supone el traslado de dos centenares de niños y niñas, ya de por sí en situación muy complicada, que al distanciamiento de sus familias sumarán ahora otro cambio traumático. Provocará también el traslado de unas 350 trabajadoras y trabajadores.

Todas estas personas afectadas negativamente, todos los principios educativos básicos ignorados, como normalización, integración, cercanía o estabilidad. Toda esta tormenta perfecta de niños, niñas y profesionales desplazados para un propósito y un interés político que nada tiene que ver con la mejora objetiva de la red. Que no tiene que ver, en última instancia, con el interés superior del menor, que debe inspirar cualquier aspecto del sistema de protección.

Desde UGT pedimos que impere la cordura. El mejor camino para afrontar cualquier cambio es la negociación, pero hasta ahora, y tras la reunión de hoy con el gerente de AMAS, la voluntad de la Administración es hacer, o más bien deshacer a su antojo sin contar con nadie. De hecho, nos deja claro que nos convoca exclusivamente para tratar como realizarán los traslados forzosos del personal.

Desde UGT exigimos:

• Que se mantenga la actividad de La casa de los niños. Cerrar un recurso con tal nivel de especialización es un sinsentido y una pérdida que la red no puede permitirse.
• Que no se segreguen los centros ICE y Acacias fuera del casco urbano de Madrid. Esto supondría grandes problemas de normalización para niños y niñas así como la pérdida del único centro territorializado que atiende a Carabanchel.
• Que no se expulse de Madrid al centro Casa de Campo. Los menores no pueden ser usados como un arma arrojadiza o chivo expiatorio de extremismos políticos.
• Que la consejera cumpla el compromiso firmado en 2019 de hacer de gestión enteramentepública el centro Casa de Campo. Los acuerdos son para cumplirlos.
• Diálogo y negociación para cualquier cambio o transformación por acometer.

Entretanto, seguiremos llamando a la puerta de la Consejería reclamando la atención que las niñas y los niños protegidos y el conjunto de profesionales que les atienden merecen.

Así, mañana miércoles 30 de junio a las 11 horas, nos concentraremos ante la Consejería de Políticas Sociales en la calle O’Donnell 50.