Desde UGT Enseñanza Pública Madrid ponemos de manifiesto la infradotación de recursos reales para la prevención del acoso escolar y la prevención de suicidio y autolesiones, así como el contexto real en que se encuentran los docentes en los centros educativos respecto al acoso escolar.
Datos de acoso:
De acuerdo a los Informes anuales sobre convivencia y acoso escolar publicados por la Consejería de Educación de Madrid, en los cursos del 2020 al 2024 se reflejan los siguientes datos:
2020-2021
- Protocolos abiertos: 679
- Denuncias estimadas: 570 (83,94%)
- Casos confirmados: 78 (11,48%)
- Casos que no concluyeron: 31 (4,56%)
2021-2022
- Protocolos abiertos: 1.013
- Denuncias estimadas: 813 (80,25%)
- Casos confirmados: 151 (14,91%)
- Casos que no concluyeron: 49 (4,84%)/
2022-2023
- Protocolos abiertos: 1.716
- Denuncias estimadas: 1.182 (68,9%).
- Casos confirmados: 223 (12,99%).
- Casos que no concluyeron: 311 (18,12%).
2023-2024
- Protocolos abiertos: 2.062
- Denuncias estimadas: 1.688 (81,86%).
- Casos confirmados: 234 (11,35%).
- Casos que no concluyeron: 80 (3,88%).
Relación de denunciantes:
2020-2021
- De oficio a instancia del centro: 44 (56,41%)
- Por denuncia de los padres: 29 (37,17%)
- Por denuncia de la víctima: 3 (3,85%)
- Por denuncia de compañeros/as: 2 (2,56%)
- Otros: 0
2021-2022
- De oficio a instancia del centro: 35 (23%)
- Por denuncia de los padres: 104 (69%)
- Por denuncia de la víctima: 6 (4%)
- Por denuncia de compañeros/as: 3 (2%)
- Otros: 3 (2%)
2022-2023
- De oficio a instancia del centro: 77 (23%)
- Por denuncia de los padres: 118 (69%)
- Por denuncia de la víctima: 11 (4%)
- Por denuncia de compañeros/as: 6 (2%)
- Otros: 11 (2%)
2023-2024
- De oficio a instancia del centro: 112 (47,86%)
- Por denuncia de los padres: 97 (41,45%)
- Por denuncia de la víctima: 10 (4,27%)
- Por denuncia de compañeros/as: 8 (3,41%)
- Otros: 7 (2,99%)
Estos datos muestran que en 3 años se han triplicado:
- El número de protocolos abiertos.
- El número de casos confirmados de acoso escolar.
- El número de casos abiertos de oficio a instancia del centro.
Otros datos alarmantes son el creciente numero de casos de autolesiones e intentos de suicidio entre alumnos en los centros educativos, llegando incluso a encontrarse decenas de casos y protocolos abiertos en cada centro.
En España, un 29,3% de los menores recurren a conductas autolesivas para calmar su malestar emocional (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 2025), llegando a un 7,5% que reportan autolesiones recurrentes (Asociación Española de Pediatría periodo 2005-2019).
En cuanto a los suicidios, 76 adolescentes entre 15 y 19 años se suicidaron en 2024, siendo la primera causa externa de muerte entre adolescentes (INE, 2025).
El 15,7% de los adolescentes en España ha intentado suicidarse durante el último año y un 19,8% ha contemplado la idea (Universidad Rey Juan Carlos, 2025).
En la Comunidad de Madrid en 2023, se recabaron los datos de: Riesgo conducta suicida 12,6%, Ideación suicida 24,5%, Intento de suicidio 5,7%, Autolesión no suicida 35% (Grupo de Investigación EPISAM-SCHOOL, 2023).
La falta de recursos para las necesidades reales de los centros es alarmante. Recogemos continuamente referencias de la carencia en los centros de:
- Orientadores/as. En la Comunidad de Madrid hay una ratio orientador-alumno de 1 orientador por cada 800 alumnos, cuando la recomendación de la UNESCO es de 1 por cada 250
- Técnicos/as en integración social (TIS). Esenciales para el manejo y apoyo en situaciones complejas.
- Profesorado de servicios a la comunidad (PSC). Clave en intervención socio-familiar.
- Enfermeros/as. Vigilantes de la salud física y mental de los menores.
- Los cupos de docentes por centro educativo son muy ajustados, lo que implica más carga en el horario complementario de los docentes y dificulta la gestión de la convivencia.
- El Coordinador/a de Bienestar. Debería ser un PSC u orientador, que son profesionales formados para ello, y no un docente con un curso de formación de 40 horas.
Exigimos personal suficiente con disponibilidad horaria para estas tareas, independientemente de la necesidad de los mismos para otras tareas del centro (atención de alumnado con problemas de comportamiento, alumnado TEA, necesidades educativas especiales, etc..).
Los protocolos de acoso escolar en la Comunidad de Madrid: se abren ante cualquier posible riesgo, sospecha o evidencia de acoso. Esta tarea no es realizada por personal especializado, si no por un docente imparcial nombrado instructor/a. Desde el curso 24-25, un solo instructor/a está a cargo de cada protocolo, en vez de los dos instructores a cargo que había anteriormente.
La duración del procedimiento debe ser de un máximo de 15 días, durante los cuales se realizan citaciones y entrevistas a todos los agentes (víctima, encausados, testigos, profesorado, padres/madres de todo el alumnado implicado…). Todo ello debe plasmarse en los documentos correspondientes, recogiendo todo el análisis de la información y aportando conclusiones. Además de diseñar y coordinar una intervención educativa y la protección del menor. Las tareas enumeradas anteriormente se realizan durante sus horas no lectivas de permanencia en el centro e incluso lectivas cuando es requerido debido a entrevistas con la familias. Esto repercute en una sobrecarga de trabajo e incluso en la ausencia del profesor en su aula habitual. El desarrollo tan exhaustivo de los protocolos, no exime al profesorado del resto de sus otras tareas, guardias, reuniones de coordinación, tutorías…, no recibe ninguna reducción horaria ni exención de sus tareas preconcebidas. Frecuentemente, hay más de un protocolo abierto en un centro.
El docente instructor no recibe más formación que una breve guía sobre el protocolo. Pese a lo delicado, extenso, exhaustivo y riguroso del procedimiento, recae en docentes sin formación especializada, esta sobrecarga repercute en su salud emocional, conscientes de la responsabilidad de la tarea. Los docentes deben asumir tareas propias de investigadores, juristas y psicólogos. Reclamamos que estos protocolos sean realizados por personal especializado.
Hemos recogido casos en los que los docentes instructores han atravesado situaciones desagradables incluso violentas durante la investigación de los sucesos. Como hemos mencionado, se debe abrir protocolo ante toda situación de riesgo, sospecha o evidencia de acoso, para concluir si el caso de acoso se confirma o se desestima. Sin embargo, esta necesaria recogida de información para esclarecer los hechos no siempre tiene buena acogida ni colaboración por parte de las familias y alumnado implicados.
El afrontamiento de los crecientes casos de acoso escolar, de autolesiones e intentos de suicidio, requieren urgentemente de dotación de personal especializado para que las actuaciones no se limiten a trabajo invertido en “papel mojado”.
La responsabilidad del cumplimiento de estos protocolos, son solo ejemplos de la sobrecarga a los docentes con interminables tareas burocráticas que minan su salud mental y repercute en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos protocolos podrían reducirse, simplificarse o ser realizadas por personal especializado en orientación e integración social y de la salud.
En el último Acuerdo de la Mesa Sectorial del personal docente no universitario firmado el 4 de abril de 2025, se acordó en el punto Sexto una reducción de la burocracia que incluye la negociación de un plan de simplificación. UGT Enseñanza pública ya ha analizado la problemática y propuesto las medidas, estando a la espera del avance hacia una puesta en práctica con la inmediatez prometida en el acuerdo.
La Comunidad de Madrid es la más rica del Estado Español, con el PIB per cápita más alto del país. Sin embargo, no se ve reflejado en la inversión en educación, siendo una de las comunidades más privatizadas y con menos inversión. La inversión per cápita para educación en la Comunidad de Madrid es de 879€ en 2024, la más baja del país, frente a los 1168€ de media.
Ante la opinión pública llega la imagen de que la responsabilidad de estas situaciones es enteramente de los docentes y equipos directivos, obviando la dramática situación que se vive en el día a día de los centros educativos, que requieren más inversión e implicación de toda la comunidad educativa.
La Comunidad de Madrid no puede permitir el sufrimiento de nuestros menores, evitando estas situaciones y debiendo velar por el cuidado de su salud y bienestar. Igualmente, esta Comunidad debe velar por la salud mental y emocional de nuestros docentes, así como protegerlos de los riesgos psicosociales que viven, sin acabar con su vocación de educadores.