El 8 de octubre se han publicado en el BOE dos Resoluciones con la distribución de financiación estatal para 2022 destinada por el Estado para Formación Profesional a las diferentes Comunidades Autónomas. Entre los criterios de dicha financiación está la de no haber devuelto dinero de dichas partidas durante los años 2019 y 2020. La sorpresa surge cuando comprobamos que la Comunidad de Madrid ha devuelto al tesoro 2.339.903€, por lo que dicho presupuesto, no ejecutado, hipoteca y se deduce de la cuantía total que le correspondería en 2022.
Estas dos partidas presupuestarias van destinadas a los centros y profesorado públicos de Formación Profesional y tienen las siguientes finalidades:
1ª.-La formación adecuada del personal docente público, cursos de mejora de FP y orientación profesional, digitalización y sostenibilidad de cada sector productivo, formación a lo largo de la vida y desarrollo de aplicaciones informáticas y bases de datos. Para ello se ha concedido a la Comunidad de Madrid 444.203€, ya que en 2019 devolvió 1.133.542€ y en 2020, 753.753€. De hecho fue la única Comunidad Autónoma que devolvió dinero por este concepto en 2020.
2ª.-La difusión, organización y participación en campeonatos de FP, la mejora de la calidad de las enseñanzas y las competencias, a través de módulos voluntarios y la conectividad y equipamientos de los nuevos grupos de FP en los centros públicos. Para ello recibimos en Madrid 419.420€, descontados 431.314€ que fueron devueltos al tesoro en 2019.
Los criterios de distribución de dichas partidas son: el número de alumnos y docentes de Formación Profesional en centros públicos, la brecha de género del alumnado de estas enseñanzas, la tasa de riesgo de pobreza y la dispersión geográfica.
UGT considera que la devolución y no ejecución de la financiación estatal es una vergüenza y es inmoral. Las explicaciones, ajenas todas ellas a la mejora del sistema educativo, solo pueden ser partidistas y un ataque frontal a la red pública de Formación Profesional desde la Consejería, tanto en lo que respecta a la modernización del sistema como a la formación del profesorado, a quienes se han esquilmado 1.887.296€ para Formación Profesional.
La consecuencia es clara: la Comunidad de Madrid no quiere mejorar la Formación Profesional pública ni dotarla de más financiación, aunque proceda del Estado y no de sus propias arcas. Si dicho presupuesto pudiera ser utilizado para la red privada, sin duda, no habría sido reintegrada al tesoro y se hubiera ejecutado.
Es, pues, una desfachatez que el Gobierno Regional pida continuamente financiación al Estado cuando por la puerta de atrás devuelve la misma, siempre que no pueda destinarla a financiar empresas privadas.