Ante las últimas informaciones que afectan a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), UGT exige que se abra un proceso de negociación leal con la representación de las personas trabajadoras en el marco de una mesa de negociación sindical, tal y como venimos reclamando desde hace tiempo, y que se respeten así los principios y derechos de la negociación colectiva recogidos en la Constitución Española y desarrollados y regulados en nuestro ordenamiento jurídico.
Ha hecho falta un viaje a Miami y la “Foto de la Vergüenza” para que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya reconocido, al fin, que la ley universitaria no ha sido negociada con ningún representante de los campus públicos madrileños y, en adelante, mantendrá reuniones solo con los equipos de gobierno de los rectorados.
Desde que se tuvo conocimiento de que se comenzaría a desarrollar una norma autonómica que regulará el espacio de educación superior madrileño, UGT ha denunciado la ausencia de diálogo y documentación ligada al Anteproyecto de la LESUC.
Sin embargo, y como venimos reclamando, la negociación no puede producirse únicamente con los equipos de gobierno de las universidades. La comunidad univeristaria es amplia y de esa amplitud debe nutrirse un texto que, con su redacción actual, pone en jaque el futuro de los campus madrileños.
La futura ley que se quiere imponer desde una Comunidad de Madrid regida por Isabel Díaz Ayuso, si atendemos al desarrollo que se ha realizado hasta la fecha, no solo afecta a la gobernanza universitaria. También regula aspectos que tienen que ver con las condiciones y derechos laborales, la vida universitaria, la implantación de títulos y el movimiento estudiantil, entre otros aspectos de igual importancia.
A medida que se conocen más detalles de un texto que carece de consenso alguno con la comunidad universitaria, se ha podido comprobar cómo se pretenden regular derechos fundamentales y castigar su ejercicio.
Gracias a la presión social, como las concentraciones y distintos actos que desde UGT se han ido convocando durante el último año, se han conseguido importantes avances, como es la retirada del sistema de sanciones previsto en un texto que atentaba contra la libertad de expresión o el derecho de asamblea en un entorno en el que el debate, la información y el espíritu crítico es una parte esencial en el día a día de la vida universitaria.
De mantenerse la actitud mostrada por el equipo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, desde UGT seguiremos al frente de las protestas para conseguir una futura ley consensuada y que reconozca la realidad de la universidad pública madrileña.