Ante las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de toma de posesión de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, D. ª Amaya Mendikoetxea Pelayo, desde UGT Servicios Públicos de Madrid queremos manifestar nuestra preocupación y exigir la debida transparencia en torno al supuesto refuerzo de la financiación universitaria anunciado para los próximos seis años.
La presidenta Ayuso ha afirmado que los presupuestos de 2026 recogerán un incremento significativo de la inversión en universidades públicas, dentro de un nuevo modelo plurianual que sustituirá al sistema de subvenciones nominativas. Según sus propias palabras, el objetivo es que “ninguna universidad nunca reciba menos”, y que todas puedan “crecer sin límites en base a sus méritos e incentivos”.
Tal y como venimos denunciando, la infrafinanciación es una enfermedad crónica que afecta de lleno a la universidad pública madrileña. Por este motivo, desde UGT vemos imprescindible que se realice una aclaración sobre la cuantía que materializará este refuerzo financiero y si realmente responde a un compromiso político firme o simplemente al cumplimiento obligado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece como objetivo alcanzar el 1 % del PIB en inversión universitaria.
¿Moneda de cambio para dar luz verde a la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia?
Este anuncio se produce en el mismo espacio temporal en el que el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Abraham Duarte Muñoz, ha restado importancia al sistema de sanciones previsto en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y que supone una vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.
Expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que este anuncio pueda utilizarse como moneda de cambio para condicionar la posición de los equipos rectorales en relación con la futura ley universitaria regional, cuyo contenido ha generado una fuerte contestación entre la comunidad universitaria. Si se pretende vincular el acceso a recursos básicos al respaldo a una norma altamente cuestionada, estaríamos ante una forma inaceptable de presión institucional que vulnera la autonomía universitaria.
Desde UGT Servicios Públicos de Madrid reiteramos nuestro compromiso con una financiación pública suficiente, estable y transparente, alejada de incentivos opacos y basada en criterios objetivos, que garantice la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de la función social de la universidad pública.