UGT Servicios Públicos de Madrid denuncia que, un año más, los protagonistas del inicio del curso escolar son los problemas ocasionados por una mala planificación del equipo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuyas decisiones perjudican, como viene siendo habitual, al personal docente y a los equipos de dirección de los centros educativos de la región que tienen que volver a realizar malabarismos para que todo esté listo de la mejor forma posible con los medios que les proporcionan el primer día de clases.
Un año más, se mantiene la precarización laboral del sector educativo con una alta tasa de plazas desiertas en los procesos selectivos de acceso al empleo público de la región, llegando al 36 % en las últimas oposiciones y una interinidad que asciende al 41 %. Urge una revisión del modelo de selección que se sigue para que las personas que tienen la responsabilidad de formar al alumnado madrileño lo hagan desde la perspectiva del empleo estable y no en la penumbra de la temporalidad.
Un año más, los cuerpos directivos de las escuelas infantiles adolecen de la falta de un marco normativo claro, lo que ha provocado distintas realidades laborales en cada uno de los territorios madrileños y que, de seguir así, podría dejar en un K.O. técnico los centros que atienden las primeras etapas educativas. Urge una aclaración de este marco normativo para que este colectivo tenga claras las reglas del juego.
Un año más, la insuficiencia de financiación en infraestructuras de los centros educativos de la Comunidad de Madrid es patente. Barracones prefabricados que hacen la función de aulas para salir del paso, obras sin finalizar o que directamente ni se han iniciado o una falta de adaptación a la realidad climatológica de calor extremo que se vive con cada vez más frecuencia en Madrid dibujan un panorama que se aleja de lo que se espera de la región más rica del territorio nacional. Urge una financiación adecuada de las infraestructuras educativas madrileñas en todas las etapas y, además, que se ejecute. En este aspecto, reclamamos a la Comunidad de Madrid menos titulares y más acción de gobierno.
Un año más, hemos visto cómo las familias del personal docente de la Comunidad de Madrid son consideradas de segunda por el gobierno regional con la denegación de traslados a otras comunidades autónomas y los solicitados de manera interna bajo las denominadas comisiones humanitarias. Urge revisar los criterios de autorización de esta modalidad de traslados y que sean accesibles, claros e identificables por la comunidad educativa, pues sus familias también tienen derecho a ser asistidas en los momentos de necesidad de cuidados de la misma manera que sí se hace en otras autonomías.
Un año más, vemos cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid vende como un esfuerzo propio el aumento de 2700 plazas de docentes para sus centros públicos cuando la realidad es que la mayoría de la inversión en este nuevo profesorado se debe al presupuesto del Ministerio. Urge conocer el destino de este profesorado y el impacto que tendrá en la aplicación de los acuerdos alcanzados en los últimos años en cuanto a efectividad de alcanzar los objetivos que se perseguían.
Un año más, el gobierno de la Comunidad de Madrid usa su capacidad de gestionar la educación madrileña para trasladar su ideología y, este año, el discurso de odio y xenofobia de los últimos meses a las aulas con la supresión del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Urge recuperar una educación pública que dé cabida a todas las realidades de la sociedad madrileña.
Un año más, el alumnado de la Comunidad de Madrid es el que inicia las clases con la menor inversión por alumno del país. Urge que, al menos, los presupuestos regionales alcancen la media estatal de un 3 % del PIB autonómico.
Un año más, la Consejería de Emilio Viciana convierte la inversión en gasto y carga al profesorado de un trabajo extra sin periodo de adaptación de las clases. En esta ocasión, la eliminación de las pantallas en las aulas hace preguntarse cuál era la verdadera intención del gobierno regional en la compra masiva de tablets y que, debido a que el retroceso a la situación anterior se realizó sin un periodo de adaptación, ha llevado a que el profesorado madrileño todavía esté, en muchos casos, planificando el desarrollo de las clases. Urge que se elabore un plan de actuaciones claro para la educación madrileña que recupere los recursos que ha ido perdiendo y, por lo menos, iguale las condiciones laborales de su cuerpo docente al de las otras comunidades autónomas.
Un año más, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso debilita los servicios públicos educativos para sesgar la libertad de elección del modelo de educación que quieren las familias y verse obligadas a recurrir a opciones que no son de su preferencia. Esta situación es especialmente doliente en la Formación Profesional donde la falta de centros públicos obliga al alumnado a un desembolso que, en no pocos casos, conlleva no poder matricularse en la especialidad deseada. Urge terminar con un modelo que mueve el dinero de los madrileños y madrileñas al bolsillo del interés privado.
Estos y otros problemas que están pendientes de ver cómo se desarrollan durante los próximos días están marcando un inicio de curso caótico, sin que el alumnado esté todavía en las aulas, y que se mantienen en el tiempo curso tras curso. Es urgente que se tomen medidas para corregir las situaciones que se están dando y recuperar unos servicios públicos educativos con una financiación adecuada y que establezca unas condiciones laborales dignas para el profesorado de la región, uno de los más castigados del panorama educativo estatal. Desde UGT Servicios Públicos de Madrid recordamos a la Comunidad de Madrid que es un deber de las administraciones públicas velar por los intereses de la ciudadanía, proteger y potenciar los servicios públicos y defender los intereses de sus trabajadoras y trabajadores.