El estudio “pionero” de la Comunidad de Madrid, con miles de tests de coronavirus a profesorado y alumnado, realizado, al parecer, para un retorno seguro a las clases, durante el curso 2020/21, no se terminó. Esto evidencia que su finalidad era puramente propagandística, así como una herramienta para justificar las medidas de prevención y seguridad que la Consejería de Educación pensaba tomar en relación a la puesta en marcha de dicho curso.  Este estudio se ha convertido en un derroche del erario público, es decir, de los impuestos que toda la ciudadanía madrileña realiza. Ello es censurable, inmoral y, tal vez, punible como incumplimiento de los deberes de un servidor público.

Mientras esto sucede, la Comunidad de Madrid mantiene una política de total austeridad en  financiación en materia educativa, siendo la comunidad autónoma de todo el Estado con menor gasto por alumno o más ratio por grupo.

Según diferentes Informes, entre los que se encuentra  “Las cifras de la educación en España. Edición 2021”, (última edición publicada), Madrid realizó un gasto por alumno público de 4.892€, casi la mitad de lo que invirtió el País Vasco, con 9.415€, y ello teniendo en cuenta que es la comunidad más rica del país y la de mayor PIB per cápita. Asimismo, la Consejería competente decidió aumentar las ratios por aula, durante el presente curso 2021/22, cuando eran y siguen siendo las mayores de todo el Estado, y decidió prescindir del profesorado contratado durante el curso anterior, para hacer frente al Covid 19, tanto en relación con las medidas de distancia de seguridad como para compensar los desfases sufridos durante el confinamiento. Nada de eso parece ser necesario ya, porque lo importante para el Gobierno madrileño, en materia educativa, es el ahorro. Lo que evidencia que para ellos la educación es un gasto, no una inversión en futuro personal, social y económico.