La Sección Sindical de UGT-SP del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial ha manifestado su profunda preocupación tras la comunicación remitida por la Concejalía de Personal el pasado 26 de enero de 2026, en la que se reconoce expresamente la falta de previsión presupuestaria para aplicar los incrementos retributivos establecidos por normativa estatal y se vuelve a aplazar la negociación colectiva.
Tras tres años de legislatura, UGT considera que esta situación “no puede calificarse como un retraso puntual”, sino como una forma de gestión sostenida que está afectando directamente a los derechos laborales y a las condiciones de trabajo de la plantilla municipal.
El escrito recibido admite que los presupuestos y las plantillas fueron aprobados sin contemplar las subidas salariales, alegando el desconocimiento de los porcentajes aplicables en ese momento. Sin embargo, desde UGT se recuerda que “la ausencia de planificación no puede recaer sistemáticamente sobre los trabajadores”, ni justificar la demora continuada en la negociación y aplicación de derechos ya reconocidos legalmente.
Esta falta de avances se suma a un bloqueo generalizado de materias fundamentales, entre las que destacan:
- La inexistencia de avances en la negociación del Acuerdo-Convenio.
- La paralización de un nuevo Reglamento del Fondo de Acción Social.
- La aplicación de un Reglamento de Teletrabajo que genera desigualdades entre empleados, con criterios restrictivos y trato diferenciado
- Las aportaciones a planes de pensiones congeladas desde 2021.
- Un sistema de compensación por prolongación de jornada y trabajo en días libres que produce discriminación entre
- La eliminación de bolsas de horas, afectando a la conciliación.
- La falta de investigación de un “accidente in itinere”, ocurrido en 2025 que continúa sin esclarecerse, y continúan sin abonarse las horas extraordinarias realizadas por el funcionario
- Segunda actividad en la policía
- Seguridad en el trabajo
UGT considera especialmente significativo que, frente a esta parálisis en materia laboral, el equipo de gobierno sí haya mostrado “celeridad y determinación en otros ámbitos”, como la “privatización del servicio de recogida de residuos”, lo que pone de manifiesto una clara priorización política.
Desde el sindicato se insiste en que la negociación colectiva es una obligación legal, no una cuestión discrecional, y se exige al Ayuntamiento calendarios concretos, compromisos verificables y una negociación real y efectiva.
La plantilla municipal ha demostrado responsabilidad y profesionalidad.
Hoy, sin embargo, la acumulación de retrasos y bloqueos ha llevado la situación a un límite difícilmente sostenible.