El reciente anuncio de la Presidenta de Madrid de aumentar el 15% (21,75 millones de euros) la partida de gastos para funcionamiento y personal no docente de los centros concertados es, para UGT, un intento de comprar votos de cara a las próximas elecciones. Como lo ha sido la cesión de terrenos para tres centros concertados en Valdebebas, Vallecas y Vicálvaro, que ha demostrado ser exitoso en otras convocatorias electorales, a pesar del incremento de las desigualdades que supone este tipo de políticas educativas.

El anuncio de un aumento del 15% de dicha partida contrasta con el presupuesto de estos gastos para centros públicos, que tenían previsto un aumento del 3,2% para los colegios de infantil y primaria y un descenso del 2,5% para los institutos de Secundaria, en el Proyecto de Presupuestos no aprobados.

Los propios dirigentes de la patronal de Escuelas Católicas se han mostrado sorprendidos, entre otras cosas porque no se había negociado. Pero hay que remarcar tres datos: no ha sido negociado, no va a mejorar las condiciones de las personas trabajadoras de enseñanza concertada, y no conlleva una mayor seguridad en el empleo.

UGT considera indecente decir que: “Apoyar a los centros privados y concertados es una defensa firme de nuestros valores constitucionales”. ¿De los suyos? Los valores constitucionales son de toda la ciudadanía. No existen unos valores constitucionales de unos o de otros. Y, desde luego, el primer valor constitucional, en materia educativa, es el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, lo que garantiza la escuela pública, de todos/as y para todos/as. ¿Quién garantiza una plaza pública al alumnado? Hay familias que no pueden optar por una plaza pública. ¿Quién garantiza no convivir con obras durante años, mientras se imparte clase? ¿Quién garantiza que nuestro alumnado de centros públicos tenga el personal suficiente?

UGT denuncia que la Comunidad de Madrid solo defiende a los empresarios de los centros privados, con y sin concierto, es decir, el negocio de la educación. Tal y como hace con la sanidad. Estos 21,75 millones, van destinados a beneficiar a los propietarios de los centros concertados, en la mayoría de los casos seguirán pasando minutas a las familias para pintar el centro o comprar material informático que le envía la Consejería de Educación.

UGT, como defensora de la escuela pública y del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la misma, denuncia la política madrileña de privatización de la enseñanza que no garantiza más que el incremento de las desigualdades.

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